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La concejala socialista Elisa Valía ha denunciado la resistencia del gobierno de María José Catalá a incrementar el parque público de València con la adquisición de vivienda por tanteo y retracto después de que haya descartado acometer de manera urgente la compra de un edificio con 132 viviendas por 67.000 euros cada una de ellas en La Torre que pretende quedarse un fondo de inversión. “El Partido Popular no adjudica las viviendas que dejamos ya construidas, no quiere construir nuevas viviendas públicas más allá de las que dejamos en marcha y, además, tampoco quiere adquirirlas por tanteo y retracto. Ante el problema gravísimo de vivienda que vive la ciudad de València, su decisión, la decisión de Mare José Catala y del Partido Popular es no hacer absolutamente nada. Hemos propuesto adquirir las 134 viviendas por 67.000 euros cada una en La Torre y de nuevo despacha la propuesta con un lo estudiaremos, que sabemos siempre cómo acaba”, ha manifestado Elisa Valía tras la comisión de Urbanismo en la que el PP ha rechazado adquirir ya el inmueble de La Torre con el que un fondo de inversión pretende especular. La concejala socialista ha considerado “grave” que el gobierno de Catalá no tome la decisión para mejorar el acceso a la vivienda de las familias valencianas, “haciendo como si no fuese con el Ayuntamiento este tipo de decisiones, pero es aún más grave si pensamos que este edificio en particular está situado en La Torre, un pueblo de València devastado por la DANA. Es decir, que 134 familias podrían estar protegidas por su ayuntamiento, pero María José Catalá prefiere abandonarlos y obligarlos a alquileres que no pueden pagar”, ha continuado. En este sentido, la concejala socialista ha recordado que a pesar de que el precio medio del alquiler se ha disparado casi un 30% desde mayo de 2023, cuando Catalá llegó al Ayuntamiento, la lista de demandantes de vivienda de AUMSA no ha dejado de crecer. De hecho, según los datos del propio Ayuntamiento, han crecido un 49,22% desde septiembre de 2023, sin que el gobierno municipal haya tomado ninguna medida ni haya aplicado las herramientas de la Ley de Vivienda que permite limitar las subidas del precio del alquiler. “Es más, este gobierno ha descartado en todas las ocasiones que se han presentado, la ejecución del derecho al tanteo y retracto en hasta ocho edificios en diferentes barrios de la ciudad que hubiese permitido incorporar al parque público de vivienda municipal hasta 435 viviendas. De hecho, con la renuncia de este gobierno, siempre con excusas de diferente tipo, los edificios han ido a parar a manos de fondos de inversión y de empresas. Es decir, a sociedades que pretenden especular con la vivienda y que contribuyen a que el precio del alquiler y de la compra siga disparándose”, ha continuado. Por todo ello, Valía exigía, además de que se ordenase ya la compra del edificio de La Torre, que se flexibilizasen los criterios para ejercer el derecho de tanteo y retracto con el objetivo de que el gobierno de Catalá dejase de utilizar excusas para no comprar viviendas. “No obstante, finalmente, el PP ha descartado la propuesta para seguir procrastinando y permitir que empresas y fondos sigan especulando en València a costa de los valencianos y valencianas”, ha finalizado.  

Nota de prensa   21/05/2025

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha anunciado que el grupo municipal ha ampliado la denuncia ante la Fiscalía por las presuntas irregularidades cometidas en un total de 17 contratos firmados por Juan Manuel Badenas y Cecilia Herrero en la Fundación Valencia Activa y en las concejalías de Empleo, Emprendimiento y Parques y Jardines que suman un importe de más de 480.000 euros. En el mismo escrito, que suma más de 2.000 páginas, los socialistas también han puesto el foco en el papel de María José Catalá por su responsabilidad en la vigilancia de la legalidad de las contrataciones como presidenta de València Activa, desde donde se aprobaron más de 300.000 euros de forma irregular. “En la documentación que hemos aportado a la Fiscalía constan 310.000 euros de procedimientos irregulares en València Activa y la presidencia de esta fundación recae en la figura de María José Catalá y esta situación no es baladí porque en los estatutos figura como deber de la presidencia velar por el cumplimiento de la ley. Y Catalá no solo ha omitido este deber sino que, además, en el último pleno votó en contra de fiscalizar los contratos sospechosos a pesar de que la UCO se presentó en el consistorio a reclamarlos. Por eso, en la ampliación de la denuncia ante Fiscalía señalamos la responsabilidad de Badenas y de Herrero, pero también la posible responsabilidad penal de Catalá por administración desleal o por omitir su deber de perseguir delitos”, ha manifestado. El responsable socialista ha detallado el entramado de los contratos irregulares que, a su juicio, “Catalá no quiere investigar para mantener el voto de los concejales de Vox implicados que necesita para seguir gobernando”. En este sentido, ha desglosado en cuatro apartados los contratos irregulares que los socialistas han enviado a la Fiscalía: aquellos adjudicados a empresas vinculadas al empresario José Parés, a empresas que ofrecen servicios profesionales a partidos políticos, los adjudicados para favorecer a medios de comunicación afines y, por último, otros procedimientos irregulares a favor de empresas como el encargado a la firma de Daniel Lacalle. En la mayoría de estos procedimientos, tal y como ha explicado Sanjuan, se produce o bien el fraude en la obligación legal de solicitar tres ofertas para adjudicar un contrato menor, una invitación arbitraria porque son los propios concejales de Vox los que eligen y escogen a las empresas que, además tienen vínculos entre ellas, modificaciones del objeto del contrato a posteriori, ausencia de informes y declaraciones responsables o bien falsedad o graves errores en la motivación de los contratos y en el precio. Como ejemplo, el portavoz socialista ha señalado un contrato de 17.000 euros por un evento que duró solo dos horas o una adjudicación en la que el subdirector de Valencia Activa aseguró que un evento ya se había realizado para que el Ayuntamiento les pagase cuando, realmente, tuvo lugar más de un mes después de que se les abonase. “Es decir, que se falsifica un informe para poder pagarles antes de que celebren el acto”, ha apuntado. En otros casos, se ha llegado a pagar a una de las empresas investigadas 16.000 euros por la presentación de 28 diapositivas e imágenes o dos estudios sobre el impacto de la DANA a pesar de que el objeto del contrato era otro que no tenía nada que ver con la riada. Finalmente, Sanjuan ha incidido en los contratos adjudicados a medios como OK Diario, el Toro o Negocios Tv de forma recurrente falseando los datos de visualizaciones e impresiones o adulterando la urgencia de la difusión internacional de unas jornadas sobre derecho penal. El portavoz socialista ha detallado que todos los contratos objeto de la ampliación de la denuncia ante Fiscalía comenzaron en enero de 2024 con la contratación de forma irregular del abogado de Valencia Activa por 17.000 euros y se extendieron, por ejemplo, con la contratación de Daniel Lacalle para realizar un plan de Empleo 2025-2028 que ni tan siquiera se ha presentado. “Casi medio millón de euros en contratos irregulares, esta es la factura de Catalá para asegurarse el voto de los concejales de Vox que ahora está investigando la Fiscalía como demuestra la entrada de la UCO en el Ayuntamiento durante el pasado pleno municipal para exigir documentación”, ha finalizado.  

Nota de prensa   20/05/2025

La concejala socialista María Pérez ha denunciado la política de brazos caídos del gobierno de Catalá contra el estacionamiento en zonas peatonales de la supermanzana de la Petxina. La edil se ha pronunciado en estos términos después de certificar con los datos facilitados por el propio consistorio que la Policía Local ha renunciado a sancionar a los infractores, “una práctica habitual desde que María José Catalá llegó al Ayuntamiento”. “Ante las quejas reiteradas de los vecinos por el mal aparcamiento y la desnaturalización de la peatonalización en el entorno de la supermanzana, desde el Partido Socialista hemos vuelto a solicitar los datos de sanciones por aparcamiento indebido. Y nos hemos encontrado otra vez con un número de sanciones irrisorias a pesar de que los infractores campan a sus anchas por los espacios peatonales”, ha apuntado. Pérez ha señalado que en 2025 el volumen de denuncias por mal aparcamiento en la supermanzana ha menguado incluso con respecto al año anterior, cuando la cifra ya era muy reducida a pesar de las continuas quejas de los vecinos por la ocupación sistemática del espacio por los coches. “Si en 2024 las multas ya eran escasas, en 2025 son casi una especie en extinción. Un dato esclarecedor: en enero del año pasado se impusieron 32 multas. Ese mismo número es el total acumulado en los primeros cuatro meses de este año 2025. Es decir, que este año el gobierno de Catalá ha bajado los brazos y se muestra completamente permisiva con el estacionamiento prohibido en un espacio recuperado para los peatones durante el anterior gobierno municipal”, ha apuntado. La concejala socialista ha recordado que en abril de 2024, tras la presión vecinal y las denuncias del Partido Socialista, el gobierno de Catalá se vio obligado a intervenir y actuar con la Policía Local contra la invasión de coches en la supermanzana. “Hoy podemos decir que fue una actuación cosmética como demuestran los datos a los que hemos accedido y que son reveladores: en abril de 2024, tras la presión vecinal y del PSPV, una campaña intensiva propició 113 sanciones a infractores. Este abril, sin embargo, el número de denuncias apenas han sido cinco”, ha indicado la edil socialista. Ni multas ni grúa María Pérez también ha hecho hincapié en que la inacción de Catalá no se produce solo con la ausencia de sanciones a los múltiples infractores sino que, además, ni tan siquiera ordena actuar a la grúa para liberar el espacio peatonal invadido por los coches. “No solo se multa poco sino que solo el 7% de esas pocas multas acaban con la retirada del vehículo. Y, mientras tanto, oímos al concejal de Movilidad hablar de un “sobredimensionamiento” del servicio de grúa justo después de que el Ayuntamiento tuviera que compensar con más de 2 millones de euros a la empresa. A la vista de los datos, ¿el problema es un exceso de grúas o una clara falta de gestión y la barra libre a los infractores? Las cifras no engañan. Lo preocupante no es solo lo que pasa sino lo que el gobierno de la señora Catalá no haga nada para evitarlo”, ha finalizado.

Nota de prensa   18/05/2025

La concejala socialista María Pérez ha denunciado que la deuda de la Generalitat con la EMT sigue creciendo y ya alcanza prácticamente los 40 millones de euros como consecuencia de la inacción del gobierno municipal, que sigue sin resolver los impagos de la Autoridad del Transporte Metropolitano. “La cronología de los hechos retrata con claridad la inacción del gobierno municipal. La Generalitat Valenciana debe casi 40 millones de euros al Ayuntamiento de València por el uso de los títulos coordinados SUMA en la EMT, una deuda que se arrastra desde el verano pasado, y durante este tiempo, casi un año, solo han sido capaces de reunirse en dos ocasiones para intentar solucionarlo y, además, sin éxito”, ha manifestado. La concejala socialista ha reprochado esta situación al concejal de Movilidad y presidente de la EMT, Jesús Carbonell, en la junta de accionistas de la empresa municipal de transportes que se ha celebrado esta tarde en el pleno del Ayuntamiento de València y donde se ha analizado la situación de las cuentas de la entidad. Pérez ha señalado que el gobierno de Catalá no sólo ha sido incapaz de solucionar el problema sino que, además, “ni siquiera ha emitido un requerimiento formal ni ha iniciado un expediente de reclamación o cualquier paso administrativo para recuperar esta cantidad millonaria que impacta durísimamente contra las cuentas de la empresa municipal”. “Parece ser que cuando el deudor es el señor Mazón, a la señora Catalá se lo olvida reclamar los intereses de los valencianos y las valencianas. Es decir, que 40 millones no son una prioridad para este ayuntamiento si se los debe el Consell de Carlos Mazón”, ha criticado la concejala socialista. La edil ha mostrado su “absoluta desconfianza” en que el Ayuntamiento pueda resolver esta deuda monumental que la Generalitat ha contraído con el Ayuntamiento en apenas un año debido a la parálisis del gobierno de Catalá. “A este ritmo de reuniones, cuando acabe el 2025 la Generalitat podría deber cerca de 60 millones de euros a la ciudad de València y lo peor es que seguimos sin escuchar a la señora Catalá alzar la voz. Ni una sola vez ha exigido públicamente la deuda ni ha defendido los intereses de los valencianos y las valencianas frente al Consell del señor Carlos Mazón”, ha finalizado.  

Nota de prensa   14/05/2025

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha exigido a María José Catalá “que no haga perder el tiempo” a los vecinos y vecinas de la ciudad, modifique la planta viaria del futuro Corredor Verde y desista de su propósito de convertirlo en una nueva autovía urbana como le reclaman los vecinos y como le ha requerido el gobierno de España a través del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible y presidente de la Sociedad Parque Central, José Antonio Santano. “A pesar de que ayer María José Catalá quisiera mentir, el gobierno de España ya le ha dicho muy claro que si no aprueba un Corredor Verde que cumpla con lo que quieren los vecinos y vecinas, es decir, sin carriles para coches, ese proyecto no saldrá adelante”, ha manifestado. Por eso, ha añadido, el Grupo Municipal Socialista va a presentar una moción para reclamar que el Ayuntamiento, en la planta viaria que presente a la Sociedad Parque Central, “ya recoja el Corredor Verde, que es un jardín continuo como el río Turia y no una autovía urbana como pretendía Catalá”. En este sentido, ha reclamado a Catalá “que no haga perder el tiempo a esta ciudad y que no envíe un proyecto que sabe que va a ser rechazado solamente porque está empecinada en hacer una ciudad para los coches en lugar de una ciudad donde los vecinos vivan mejor”. Sanjuan ha recordado que los vecinos de los barrios del sur de la ciudad, los residentes más próximos a las actuales vías del tren, ya se han movilizado masivamente para exigir el Corredor Verde. “No solo han expresado su deseo de que la playa de vías se convierta en una zona verde completa, sin carriles por donde circulen los coches sino que, además, han recogido más de 42.000 firmas defendiendo el proyecto que dejó preparado el anterior gobierno progresista y que cuenta con un amplio respaldo de los residentes”, ha incidido. “Es imprescindible, tal y como ha exigido el gobierno de España, que el proyecto cuente con un consenso vecinal y que los residentes no tengan que sufrir la imposición de Catalá de que convivan con una nueva autopista urbana que sustituya a las vías del tren por su empecinamiento en convertir a València en una ciudad de coches”, ha finalizado.  

Nota de prensa   07/05/2025