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La concejala socialista Elisa Valía ha denunciado la resistencia del gobierno de María José Catalá a incrementar el parque público de València con la adquisición de vivienda por tanteo y retracto después de que haya descartado acometer de manera urgente la compra de un edificio con 132 viviendas por 67.000 euros cada una de ellas en La Torre que pretende quedarse un fondo de inversión. “El Partido Popular no adjudica las viviendas que dejamos ya construidas, no quiere construir nuevas viviendas públicas más allá de las que dejamos en marcha y, además, tampoco quiere adquirirlas por tanteo y retracto. Ante el problema gravísimo de vivienda que vive la ciudad de València, su decisión, la decisión de Mare José Catala y del Partido Popular es no hacer absolutamente nada. Hemos propuesto adquirir las 134 viviendas por 67.000 euros cada una en La Torre y de nuevo despacha la propuesta con un lo estudiaremos, que sabemos siempre cómo acaba”, ha manifestado Elisa Valía tras la comisión de Urbanismo en la que el PP ha rechazado adquirir ya el inmueble de La Torre con el que un fondo de inversión pretende especular. La concejala socialista ha considerado “grave” que el gobierno de Catalá no tome la decisión para mejorar el acceso a la vivienda de las familias valencianas, “haciendo como si no fuese con el Ayuntamiento este tipo de decisiones, pero es aún más grave si pensamos que este edificio en particular está situado en La Torre, un pueblo de València devastado por la DANA. Es decir, que 134 familias podrían estar protegidas por su ayuntamiento, pero María José Catalá prefiere abandonarlos y obligarlos a alquileres que no pueden pagar”, ha continuado. En este sentido, la concejala socialista ha recordado que a pesar de que el precio medio del alquiler se ha disparado casi un 30% desde mayo de 2023, cuando Catalá llegó al Ayuntamiento, la lista de demandantes de vivienda de AUMSA no ha dejado de crecer. De hecho, según los datos del propio Ayuntamiento, han crecido un 49,22% desde septiembre de 2023, sin que el gobierno municipal haya tomado ninguna medida ni haya aplicado las herramientas de la Ley de Vivienda que permite limitar las subidas del precio del alquiler. “Es más, este gobierno ha descartado en todas las ocasiones que se han presentado, la ejecución del derecho al tanteo y retracto en hasta ocho edificios en diferentes barrios de la ciudad que hubiese permitido incorporar al parque público de vivienda municipal hasta 435 viviendas. De hecho, con la renuncia de este gobierno, siempre con excusas de diferente tipo, los edificios han ido a parar a manos de fondos de inversión y de empresas. Es decir, a sociedades que pretenden especular con la vivienda y que contribuyen a que el precio del alquiler y de la compra siga disparándose”, ha continuado. Por todo ello, Valía exigía, además de que se ordenase ya la compra del edificio de La Torre, que se flexibilizasen los criterios para ejercer el derecho de tanteo y retracto con el objetivo de que el gobierno de Catalá dejase de utilizar excusas para no comprar viviendas. “No obstante, finalmente, el PP ha descartado la propuesta para seguir procrastinando y permitir que empresas y fondos sigan especulando en València a costa de los valencianos y valencianas”, ha finalizado.  

Nota de prensa   21/05/2025

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha anunciado que el grupo municipal ha ampliado la denuncia ante la Fiscalía por las presuntas irregularidades cometidas en un total de 17 contratos firmados por Juan Manuel Badenas y Cecilia Herrero en la Fundación Valencia Activa y en las concejalías de Empleo, Emprendimiento y Parques y Jardines que suman un importe de más de 480.000 euros. En el mismo escrito, que suma más de 2.000 páginas, los socialistas también han puesto el foco en el papel de María José Catalá por su responsabilidad en la vigilancia de la legalidad de las contrataciones como presidenta de València Activa, desde donde se aprobaron más de 300.000 euros de forma irregular. “En la documentación que hemos aportado a la Fiscalía constan 310.000 euros de procedimientos irregulares en València Activa y la presidencia de esta fundación recae en la figura de María José Catalá y esta situación no es baladí porque en los estatutos figura como deber de la presidencia velar por el cumplimiento de la ley. Y Catalá no solo ha omitido este deber sino que, además, en el último pleno votó en contra de fiscalizar los contratos sospechosos a pesar de que la UCO se presentó en el consistorio a reclamarlos. Por eso, en la ampliación de la denuncia ante Fiscalía señalamos la responsabilidad de Badenas y de Herrero, pero también la posible responsabilidad penal de Catalá por administración desleal o por omitir su deber de perseguir delitos”, ha manifestado. El responsable socialista ha detallado el entramado de los contratos irregulares que, a su juicio, “Catalá no quiere investigar para mantener el voto de los concejales de Vox implicados que necesita para seguir gobernando”. En este sentido, ha desglosado en cuatro apartados los contratos irregulares que los socialistas han enviado a la Fiscalía: aquellos adjudicados a empresas vinculadas al empresario José Parés, a empresas que ofrecen servicios profesionales a partidos políticos, los adjudicados para favorecer a medios de comunicación afines y, por último, otros procedimientos irregulares a favor de empresas como el encargado a la firma de Daniel Lacalle. En la mayoría de estos procedimientos, tal y como ha explicado Sanjuan, se produce o bien el fraude en la obligación legal de solicitar tres ofertas para adjudicar un contrato menor, una invitación arbitraria porque son los propios concejales de Vox los que eligen y escogen a las empresas que, además tienen vínculos entre ellas, modificaciones del objeto del contrato a posteriori, ausencia de informes y declaraciones responsables o bien falsedad o graves errores en la motivación de los contratos y en el precio. Como ejemplo, el portavoz socialista ha señalado un contrato de 17.000 euros por un evento que duró solo dos horas o una adjudicación en la que el subdirector de Valencia Activa aseguró que un evento ya se había realizado para que el Ayuntamiento les pagase cuando, realmente, tuvo lugar más de un mes después de que se les abonase. “Es decir, que se falsifica un informe para poder pagarles antes de que celebren el acto”, ha apuntado. En otros casos, se ha llegado a pagar a una de las empresas investigadas 16.000 euros por la presentación de 28 diapositivas e imágenes o dos estudios sobre el impacto de la DANA a pesar de que el objeto del contrato era otro que no tenía nada que ver con la riada. Finalmente, Sanjuan ha incidido en los contratos adjudicados a medios como OK Diario, el Toro o Negocios Tv de forma recurrente falseando los datos de visualizaciones e impresiones o adulterando la urgencia de la difusión internacional de unas jornadas sobre derecho penal. El portavoz socialista ha detallado que todos los contratos objeto de la ampliación de la denuncia ante Fiscalía comenzaron en enero de 2024 con la contratación de forma irregular del abogado de Valencia Activa por 17.000 euros y se extendieron, por ejemplo, con la contratación de Daniel Lacalle para realizar un plan de Empleo 2025-2028 que ni tan siquiera se ha presentado. “Casi medio millón de euros en contratos irregulares, esta es la factura de Catalá para asegurarse el voto de los concejales de Vox que ahora está investigando la Fiscalía como demuestra la entrada de la UCO en el Ayuntamiento durante el pasado pleno municipal para exigir documentación”, ha finalizado.  

Nota de prensa   20/05/2025