El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha anunciado que el grupo municipal ha ampliado la denuncia ante la Fiscalía por las presuntas irregularidades cometidas en un total de 17 contratos firmados por Juan Manuel Badenas y Cecilia Herrero en la Fundación Valencia Activa y en las concejalías de Empleo, Emprendimiento y Parques y Jardines que suman un importe de más de 480.000 euros. En el mismo escrito, que suma más de 2.000 páginas, los socialistas también han puesto el foco en el papel de María José Catalá por su responsabilidad en la vigilancia de la legalidad de las contrataciones como presidenta de València Activa, desde donde se aprobaron más de 300.000 euros de forma irregular. “En la documentación que hemos aportado a la Fiscalía constan 310.000 euros de procedimientos irregulares en València Activa y la presidencia de esta fundación recae en la figura de María José Catalá y esta situación no es baladí porque en los estatutos figura como deber de la presidencia velar por el cumplimiento de la ley. Y Catalá no solo ha omitido este deber sino que, además, en el último pleno votó en contra de fiscalizar los contratos sospechosos a pesar de que la UCO se presentó en el consistorio a reclamarlos. Por eso, en la ampliación de la denuncia ante Fiscalía señalamos la responsabilidad de Badenas y de Herrero, pero también la posible responsabilidad penal de Catalá por administración desleal o por omitir su deber de perseguir delitos”, ha manifestado. El responsable socialista ha detallado el entramado de los contratos irregulares que, a su juicio, “Catalá no quiere investigar para mantener el voto de los concejales de Vox implicados que necesita para seguir gobernando”. En este sentido, ha desglosado en cuatro apartados los contratos irregulares que los socialistas han enviado a la Fiscalía: aquellos adjudicados a empresas vinculadas al empresario José Parés, a empresas que ofrecen servicios profesionales a partidos políticos, los adjudicados para favorecer a medios de comunicación afines y, por último, otros procedimientos irregulares a favor de empresas como el encargado a la firma de Daniel Lacalle. En la mayoría de estos procedimientos, tal y como ha explicado Sanjuan, se produce o bien el fraude en la obligación legal de solicitar tres ofertas para adjudicar un contrato menor, una invitación arbitraria porque son los propios concejales de Vox los que eligen y escogen a las empresas que, además tienen vínculos entre ellas, modificaciones del objeto del contrato a posteriori, ausencia de informes y declaraciones responsables o bien falsedad o graves errores en la motivación de los contratos y en el precio. Como ejemplo, el portavoz socialista ha señalado un contrato de 17.000 euros por un evento que duró solo dos horas o una adjudicación en la que el subdirector de Valencia Activa aseguró que un evento ya se había realizado para que el Ayuntamiento les pagase cuando, realmente, tuvo lugar más de un mes después de que se les abonase. “Es decir, que se falsifica un informe para poder pagarles antes de que celebren el acto”, ha apuntado. En otros casos, se ha llegado a pagar a una de las empresas investigadas 16.000 euros por la presentación de 28 diapositivas e imágenes o dos estudios sobre el impacto de la DANA a pesar de que el objeto del contrato era otro que no tenía nada que ver con la riada. Finalmente, Sanjuan ha incidido en los contratos adjudicados a medios como OK Diario, el Toro o Negocios Tv de forma recurrente falseando los datos de visualizaciones e impresiones o adulterando la urgencia de la difusión internacional de unas jornadas sobre derecho penal. El portavoz socialista ha detallado que todos los contratos objeto de la ampliación de la denuncia ante Fiscalía comenzaron en enero de 2024 con la contratación de forma irregular del abogado de Valencia Activa por 17.000 euros y se extendieron, por ejemplo, con la contratación de Daniel Lacalle para realizar un plan de Empleo 2025-2028 que ni tan siquiera se ha presentado. “Casi medio millón de euros en contratos irregulares, esta es la factura de Catalá para asegurarse el voto de los concejales de Vox que ahora está investigando la Fiscalía como demuestra la entrada de la UCO en el Ayuntamiento durante el pasado pleno municipal para exigir documentación”, ha finalizado.