• Borja Sanjuan anuncia una moción en la próxima comisión de Urbanismo que permitiría al Ayuntamiento de València recaudar un máximo de 4,25 millones de euros
• “Podríamos pagar las ayudas al alquiler que Catalá dice que no puede pagar porque no tiene dinero o incluso contratar inspectores para cerrar los apartamentos turísticos”

(València 15/10/2026) El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha presentado una moción a la próxima comisión de Urbanismo para exigir al gobierno de Catalá que aplique un recargo del IBI tanto a las viviendas vacías como a las que tengan un uso turístico, tal y como avalan los nuevos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno de España. En este sentido, ha explicado que la nueva normativa permite imponer un 50% a aquellos alojamientos turísticos cuando el propietario tenga solo una vivienda destinada a tal fin, del 100% si disponen de más de dos o del 150% si tienen cuatro o más. En total, si se aplicase este recargo, el Ayuntamiento de València podría recaudar hasta 4,25 millones de euros.

“Desde el Grupo Socialista hemos propuesto que se aplique el 150% de aumento del IBI a los apartamentos turísticos. Una posibilidad que abre el decreto Mari Carmen y que permitiría que especular con la vivienda en València salga menos rentable. Podríamos recaudar más de 4 millones de euros en la ciudad de València que, por ejemplo, podríamos estar destinando a pagar las ayudas del alquiler que María José Catalá dice que no tiene dinero para pagar o incluso a contratar inspectores suficientes para poder cerrar los apartamentos turísticos que están expulsando a los vecinos de los barrios de Valencia. Lo que no puede ser es que un apartamento turístico pague lo mismo que una familia cuando unos están haciéndose ricos a costa de echar a los otros de sus barrios”, ha manifestado.

En la moción, los socialistas instan al gobierno de Catalá a empezar a aplicar medidas que controlen el precio del alquiler, que ha vuelto a registrar incrementos del 160% como consecuencia de la política del PP y Vox de aplicar la regulación establecida en la Ley de Vivienda. La primera, declarar València como zona tensionada para poder establecer los topes del precio del alquiler que establece la ley. Y, en virtud de los decretos de vivienda que ha aprobado recientemente el gobierno central, aplicar el recargo a los alojamientos turísticos como elementos que repercuten negativamente en el precio de los alquileres residenciales.

El documento, además, vuelve a incidir en el recargo a las viviendas vacías de los grandes tenedores que el gobierno de Catalá se ha negado a aplicar desde 2023 a pesar de que está incluido en la Ordenanza del IBI y debería estar cobrándose. “La excusa que han puesto es que es muy difícil, pero en 2022, con un gobierno progresista de la mano de los socialistas, se aplicó y se pudo cobrar. Es como si no se recaudan otros impuestos municipales porque son difíciles de cobrar. El Ayuntamiento está haciendo dejación de funciones y bordea la legalidad como mínimo”, ha apuntado.

Finalmente, en la moción se exige que las medidas fiscales para desincentivar la actividad turística en inmuebles residenciales vayan acompañadas del estudio para caducar todas las licencias de apartamentos turísticos como han hecho ya otras ciudades españolas.