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Catalá incumple sus propios plazos para conceder licencias con las ECUV y OCA

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sandra Gómez, ha asegurado que “el Partido Popular y María José Catalá intentan engañar a todo el mundo cada vez que hablan de licencias, y por eso no quiere dar datos oficiales. Ni han mejorado la tramitación de licencias ni tienen ninguna receta mágica”.

El pasado mes de diciembre, el Partido Popular aprobó una instrucción interna en la que fijaba un plazo de un mes para conceder licencia a las solicitudes que se presentasen con una ECUV o una OCA. Desde el Partido Socialista se ha preguntado varios meses después por este tipo de expedientes y el gobierno municipal ha evitado responder con datos. “El Partido Popular se niega a cumplir su obligación en materia de transparencia porque ello implicaría evidenciar que la tramitación de licencias no ha mejorado como prometieron, ya que existen peticiones de licencia con ECUV que llevan meses esperando y pretenden ocultarlos”, ha afirmado.

El Síndic de Greuges ya ha llamado la atención al Partido Popular por no dar información sobre licencias a la oposición. “Preguntamos también sobre el número real de expedientes que están esperando una licencia, porque sabemos que no son 22.000 como afirma la señora Catalá, pero se niegan a facilitar el dato. Hinchan las cifras contando expedientes que no son de licencias, o que ya la tienen concedida pero que no se cierran hasta que no termina la obra. En licencias de obra sabemos que en mayo de 2023 esperaban licencia de obra alrededor de 1.200 expedientes, que distan mucho de los 11.800 que dice la Alcaldesa. El único problema que tiene en dar los datos de licencias que solicitamos es que le harían quedar como una mentirosa”, ha explicado Gómez.

En su resolución, el Sindic apunta: “si las preguntas que plantean los concejales no se responden de forma rápida, clara y congruente, este procedimiento de transparencia y control no sirve para nada, puesto que resulta imposible fiscalizar y participar en la gestión de los asuntos públicos, ya que se impide injustificadamente el ejercicio del derecho fundamental a ejercer el cargo para el que han sido democráticamente elegidos por la ciudadanía (artículo 23 de la Constitución Española)”.

La portavoz socialista ha asegurado que “ese es el verdadero objetivo de Catalá, impedir la fiscalización de la oposición para que no se vea la mala gestión de su gobierno y su falta de soluciones reales, más allá de promesas que no es capaz de cumplir. Todo ello aunque hacerlo suponga vulnerar un derecho constitucional”.