Javier Mateo pone de ejemplo el Palacio de Congresos donde el 30% de los pagos está mal hecho porque no dispone del certificado bancario que acredita la identidad del proveedor

El portavoz del Grupo Municipal Socialista Javier Mateo ha afirmado que el informe de auditorías realizadas a los organismos autónomos y empresas públicas que se aprobará mañana en la Comisión de Hacienda “revela que María José Catalá abusa de los contratos menores y las adjudicación de contratos saltándose la legalidad”.

Mateo ha explicado que entidades como la Fundación València Activa, Las Naves o Visit Valencia revelan “un auténtico descontrol en la gestión de los contratos menores por parte del Gobierno de María José Catalá”. “Hemos derectado casos en los que no queda acreditada la utilización de este tipo de contratos, mientras que en otras se supera el límite de 15.000 euros llegando a ser contratos menores de hasta 120.000 euros”, ha citado a modo de ejemplo en Las Naves. 

En esta línea, ha denunciado que también “se utiliza este tipo de contrato de manera recurrente para asignar a dedo en lugar de hacer una licitación pública y que pueda presentarse cualquier entidad”. “Además del uso fraudulento de este tipo de contrataciones se suma un absoluta falta de transparencia por parte Catalá”, ha asegurado. Por ese motivo, el concejal del Grupo Municipal Socialista ha adelantado que su formación se “reserva emprender las acciones legales pertinentes para que el dinero público sea utilizado de manera adecuada”.

Palacio Congresos

Javier Mateo ha citado como ejemplo el Palacio de Congresos donde la auditoria revela que el “30 por ciento de los pagos a proveedores está mal hecho porque no dispone del certificado bancario que acredita la identidad del proveedor”. Igualmente, “se han detectado cuatro tarjetas bancarais que se utilizan para gastos que después no se autorizan o que el control de caja no rinde cuentas el responsible”.  

“Una situación alarmante cuando todavía estamos pendientes de que convoquen el Consejo de Administración para informarnos sobre las acciones legales que van a tomar tras la estafa de la que fue víctima el Palacio”, ha recordado y ha cuestionado que estas acciones “todavía no estén claras cuatro meses después de comunicarse la estafa y medio año después de que se cometiera el delito”.