Maite Ibáñez advierte de que su formación estudia ampliar las acciones legales porque se están sobrecargando las plantillas porque no se cubren las bajas

La concejala del Grupo Municipal Socialista Maite Ibáñez ha revelado esta mañana que María José Catalá está incumpliendo la Ley se Servicios Sociales Inclusivos que obliga a dotar de recursos y personal los centros públicos y a cubrir las plazas de manera inmediata o en el plazo máximo de 10 días. 

Maite Ibáñez se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa convocada para informar de que su formación ha emprendido acciones legales para poner en conocimiento de la inspección de Servicios Sociales de la Generalitat este incumplimiento sistemático de la ley, así como la falta de información y transparencia con la que actúa el Gobierno de Catalá.   

Según ha explicado, los socialistas han tenido acceso a informes que revelan cómo en los centros de Campanar, Quatre Carreres, Ciutat Vella la situación es especialmente grave porque se acumulan bajas sin cubrir que están generando un atraso en las valoraciones desde junio de 2023.

“El propio Ayuntamiento reconoce esta grave situación y ante esta omisión continuada de dar respuesta esencial para las personas vulnerables la ciudadanía está solicitando amparo al Síndic de Greuges”, ha afirmado y ha asegurado que es el propio Síndic el que “ha solicitado un nuevo informe al Ayuntamiento ya que la Generalitat afirma que sí que está dotando al consistorio de los recursos que necesita”.

Ante este “enfrentamiento” entre el Gobierno de Catalá y el de Carlos Mazón, la concejala socialista ha planteando que es “evidente que ninguno de los dos tiene como prioridad los Servicios Sociales y se están lanzando las culpas entre ellos”. “Desde luego, Catalá no demuestra el mismo interés que demostró por el padrón, donde llevó personal desde otras áreas”, ha ironizado.

Maite Ibáñez ha indicado que además de interponer esta denuncia ante la Inspección de Servicios Sociales de la Generalitat, su formación también estudia emprender nuevas acciones legales en defensa tanto de la ciudadanía como de los trabajadores porque tenemos que recordar que ellos están sufriendo una sobrecarga física y mental y una presión laboral por no poder dar un servicio esencial a la ciudadanía.

“Además nos estamos encontrando la dificultad añadida de la falta de transparencia. pero podemos hacer esta denuncia gracias a la colaboración ciudadana, a la que animamos a perseverar en sus denuncias para que entre todos podamos poner freno a este desmantelamiento de los servicios sociales que está llevando a cabo María José Catalá”, ha concluido.