• Nuria Llopis afirma que estos cambios responden a la rentabilidad de los promotores y no a las necesidades de las familias en lista de espera

La concejala del Grupo Municipal Socialista, Nuria Llopis, ha asegurado que “el Partido Popular y María José Catalá han comenzado a privatizar la gestión de la vivienda pública en Valencia, cediéndola a los promotores,  y por eso aumentan el límite máximo de renta para acceder a una vivienda pública de alquiler asequible, para hacerla más rentable ya que, a mayores ingresos de los inquilinos, mayor rentabilidad de los alquileres para los promotores”. Así, los socialista han exigido a Catalá que “rectifique el cambio de requisitos porque solo beneficia a los promotores”.

De esta manera, los socialistas han criticado el cambio en los requisitos para acceder a una vivienda pública del Ayuntamiento de Valencia, al aumentar el límite de renta máxima y dejar de priorizar a las personas que menos ingresos tienen, estableciendo cuotas por tramos de renta. “Exigimos a Catalá que rectifique esta agenda ultra que excluye a las personas vulnerables y que gobierne para todos y para todas porque olvida que La vivienda pública es un derecho y la convierte en un negocio”, han denunciado y han exigido que “mantenga el límite máximo exigible que ya existía para proteger a las familias más vulnerables”.

En esta línea, Llopis ha lamentado que con esta modificación el Partido Popular “deja claro que le parece mal que la vivienda pública vaya a parar a las familias que menos recursos tienen, porque este gobierno municipal ha cambiado los requisitos de acceso a la vivienda asequible con el único objetivo de aumentar la rentabilidad de a los promotores, sin pensar en todas aquellas personas que tienen menos recursos y que ahora tendrán mucho más complicado acceder a una vivienda pública”.

El Partido Popular ha aumentado los ingresos máximos del 3,5 a 4,5 veces el IPREM, alegando que esta franja de renta estaba desatendida. “Este gobierno municipal no sabe gestionar vivienda pública, ya que ni siquiera conoce las herramientas que tiene a su disposición. AUMSA dispone de vivienda asequible para este perfil de familias, ya que el límite de ingresos que exige la empresa pública está en 4,5 veces el IPREM. Las viviendas que gestiona el Ayuntamiento para las que se aplica esta nueva normativa siempre se han considerado vivienda social, para perfiles de familias más desfavorecidas. Con este cambio, el PP obliga a competir a las familas más vulnerables con rentas más altas para conseguir una vivienda municipal”, comenta la concejala.

La lista de espera de viviendas sociales del Ayuntamiento supera las 1840 familias, y con este cambio, “lo único que consigue el PP es que rentas más altas entren a engrosar esta lista, reduciendo las posibilidades de las rentas más bajas de conseguir una vivienda, al establecer cupos. No existe ningún beneficio para los demandantes de vivienda. AUMSA, con una lista de espera de 1.700 familias ya cubre las necesidades que han servido como excusa para el PP para realizar este cambio” ha asegurado Llopis.

Los socialistas opinan que no es casualidad que, ahora que el PP ha comenzado a privatizar la gestión de vivienda pública, cediéndosela a los promotores mediante permutas y derechos de superficie, se aumente el límite de renta máxima exigible a los inquilinos, ya que es una reivindicación reiterativa de los promotores, ya que a mayores ingresos de los inquilinos, mayor rentabilidad de los alquileres, puesto que no es recomendable que el alquiler supere el 30% de los ingresos familiares mensuales.