El módulo dinámico del PP y Vox pone la vivienda al servicio de la especulación
- Elisa Valía acusa a Catalá de ser cómplice de una medida que beneficia a los intereses de las inmobiliarias en lugar de proteger a las familias trabajadoras
(València, 29/7/2026) La concejala del Grupo Municipal Socialista Elisa Valía ha denunciado hoy que la decisión del Partido Popular y Vox de implantar un módulo dinámico que vincula el precio de la vivienda protegida al IPC o al precio de mercado supone «uno de los mayores ataques al derecho a la vivienda que se recuerdan en la Comunitat Valenciana». Para la edil socialista, esta medida «desnaturaliza por completo la función de la vivienda protegida y la convierte en un instrumento más al servicio de la especulación inmobiliaria».
Valía ha advertido de que la vivienda protegida «existe precisamente para proteger a las familias de los precios desorbitados del mercado libre» y, por ello, ha defendido que su precio «debe calcularse únicamente en función de los costes de construcción y nunca de un mercado completamente tensionado que expulsa cada día a más valencianos y valencianas del acceso a una vivienda». «Si el precio de la vivienda protegida se acaba pareciendo al del mercado libre, deja de tener sentido la propia existencia de la protección pública», ha subrayado y ha acusado a la alcaldesa de València, María José Catalá, de ser “cómplice” de una medida que “beneficia a los intereses de las inmobiliarias en lugar de proteger a las familias trabajadoras”. “Catalá solo utiliza su escaño de diputada autonómica para aplaudir a quienes están legislando en contra de los vecinos y vecinas de València”, ha apuntado.
La concejala socialista ha asegurado que «el único objetivo del Partido Popular y Vox con este módulo dinámico es garantizar que también se pueda especular con la vivienda protegida». En este sentido, ha considerado comprensible que «las empresas promotoras quieran maximizar sus beneficios», pero ha censurado que «una administración pública renuncie a defender el interés general para actuar como garante del negocio inmobiliario». «Las familias que no pueden acceder a una vivienda necesitan una administración que las proteja, no gobiernos que legislen en favor de quienes hacen negocio con un derecho básico», ha afirmado.
Para Valía, tanto el Consell de Pérez Llorca como el gobierno municipal de María José Catalá «han demostrado que gobiernan contra la clase trabajadora y contra las familias valencianas». «Cada decisión que adoptan en materia de vivienda favorece a los grandes intereses inmobiliarios mientras miles de personas siguen sin poder acceder a un hogar digno. Cada vez se parecen menos a gobiernos al servicio de la ciudadanía y más a consejos de administración de las grandes empresas del sector», ha concluido.