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Catalá privatiza el vuelo de las dotaciones en La Torre para favorecer el negocio inmobiliario

(València, 27 de julio de 2026) La concejala socialista del Ayuntamiento de València, Elisa Valía, ha denunciado que el gobierno de María José Catalá ha dado un paso más en su política de privatización de la vivienda pública al impulsar un modelo que permitirá vender el vuelo de las dotaciones públicas en La Torre para que promotores privados construyan viviendas protegidas. La edil socialista ha advertido de que esta nueva fórmula confirma que el Partido Popular ha renunciado definitivamente a incrementar el parque público de vivienda y ha optado por convertir el suelo público en una oportunidad de negocio inmobiliario.

Valía ha explicado que el proyecto presentado por el Partido Popular para Sociópolis, en La Torre, una pedanía afectada por la dana, supone utilizar el vuelo de parcelas reservadas para dotaciones públicas, como colegios o centros de salud, para levantar promociones públicas construidas por privados. «Como no pueden vender el suelo, venderán el vuelo. Han encontrado una fórmula por la que habrá unas plantas inferiores con dotaciones públicas para justificar que en suelo público dotacional se pueda vender el vuelo, que serán las plantas superiores con vivienda, por supuesto, impulsada por promotores privados. Porque evidentemente hacer vivienda pública está completamente descartado con el Partido Popular», ha manifestado.

La concejala socialista ha señalado que esta medida se suma a todas las decisiones adoptadas por el gobierno de Catalá desde el inicio del mandato para favorecer a los grandes operadores inmobiliarios. “Estamos frente a una nueva medida de la política de vivienda del Partido Popular, por supuesto en la línea de lo que llevan haciendo desde que han accedido al poder, que es facilitar el negocio inmobiliario sin tener en cuenta las dificultades de las familias para acceder a la vivienda sino simplemente poniendo el foco en garantizar el negocio inmobiliario a quienes especulan con la vivienda», ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que el Partido Socialista ya propuso en septiembre de 2024 estudiar la construcción de viviendas públicas sobre determinadas dotaciones municipales para incrementar el parque público de alquiler, una iniciativa que fue rechazada por el Partido Popular.

Privatización frente a vivienda pública

Valía ha advertido de que el modelo impulsado por el PP reproduce fórmulas que ya promovió la Generalitat y que acabaron generando polémica, como ocurrió con la promoción de VPP de Les Naus, en Alicante, donde las viviendas fueron a parar a manos de cargos del PP y sus amigos. Además, ha lamentado que mientras otras administraciones incrementan el parque público de vivienda, en València el gobierno municipal haya dejado de impulsar promociones públicas propias y todas las viviendas que se entregan durante este mandato correspondan a proyectos iniciados por el anterior gobierno socialista.

La responsable socialista ha denunciado también que esta estrategia coincide con el endurecimiento de las condiciones de acceso a la vivienda pública municipal. En este sentido, ha recordado que los socialistas han denunciado la exclusión de más de 1.000 solicitantes del registro de demandantes de AUMSA mediante un procedimiento irregular basado en comunicaciones por correo electrónico, en lugar de utilizar sistemas que acrediten fehacientemente la recepción de las notificaciones.

Para Valía, resulta «muy grave» que el gobierno municipal dedique sus esfuerzos a reducir artificialmente las listas de demandantes en lugar de ofrecer soluciones habitacionales. «Deberían dedicarse a construir vivienda pública para sacar a las familias de esa lista porque les das una solución habitacional, no porque les expulsas avisándoles por correo electrónico de una forma completamente irregular», ha señalado.

La concejala socialista ha exigido al gobierno de Catalá que abandone un modelo de ciudad basado en la privatización del patrimonio público y el beneficio de los promotores privados y que recupere una política de vivienda centrada en ampliar el parque público, garantizar el acceso a una vivienda asequible y defender los intereses de las familias frente a la especulación inmobiliaria.