• Borja Sanjuan denuncia que la abogada de la Generalitat que actúa de apoderada de la constructora no declaró su situación a pesar del posible conflicto de intereses existente
• “No puede ser que altos cargos de la Generalitat relacionados con el PP estén participando a la vez de la administración del dinero público y de la administración de sus negocios privados”

(València 11/5/2026) El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha denunciado ante la Agencia Antifraude la posible existencia de un “conflicto de intereses” de la abogada de la Generalitat que actúa como apoderada de la constructora matriz que dejó a 39 compradores de VPP sin su vivienda tras una permuta con el gobierno de María José Catalá. Sanjuan ha advertido de que la abogada de la Generalitat y apoderada de las empresas ocultó su situación con esta constructora a pesar de que podía incurrir en un conflicto de intereses, ya que la Generalitat ha certificado que no solicitó la compatibilidad. 

“Vamos a poner en conocimiento de la Agencia Antifraude que la abogada de la Generalitat que es apoderada de la constructora a la que María José Catalá le está regalando terreno público con la intervención del concejal Pepe Marí Olano no ha comunicado al régimen de incompatibilidades de la Generalitat que es apoderada de estas empresas. No puede ser que altos cargos de la Generalitat Valenciana relacionados con el Partido Popular estén participando a la vez de la administración del dinero público y de la administración de sus negocios privados”, ha dicho.

Esta abogada de la Generalitat es apoderada de las mercantiles Domio Desarrollos SL y de Domio Habitat, dos de las contructoras que están detrás de la permuta de suelo municipal que lanzó el gobierno de Catalá a cambio de 39 VPP que ya habían sido comercializadas. La empresa, para poder llevarse la adjudicación del suelo, decidió romper unilateralmente el compromiso con 39 familias a las que ya había reservado las viviendas, ya que uno de los requisitos era que no estuviesen comercializadas. 

Los socialistas llevaron a Fiscalía esta permuta, puesto que la empresa sí había comercializado las 39 viviendas que ofrecía a cambio de suelo municipal, uno de los requisitos obligatorios para poderse optar a la permuta. Y, pese a que muchos de los propietarios han judicializado la decisión de la empresa de romper el compromiso legal de la constructora con las familias que habían reservado las viviendas, el gobierno de Catalá decidió adjudicarles la permuta.

Ahora, al conocer que la apoderada de estas empresas que rompieron unilateralmente el vínculo con las 39 familias que habían reservado las VPP, abogada de la Generalitat, no ha comunicado a la Generalitat la petición de compatibilidad para compaginar su actividad pública con negocios privados, los socialistas han optado por denunciar los hechos también ante la Agencia Antifraude e instar a que se abra una investigación que aclare los hechos y que discurrirá de manera paralela a la denuncia ante la Fiscalía que ya se había cursado. “Hay algo que huele muy mal en el Ayuntamiento de María José Catalá y tiene que ver con que hay gente que está confundiendo lo que es de todos con el beneficio de ellos mismos”, ha finalizado.