Los socialistas condicionan aprobar la ZBE a que por el Corredor Verde no circulen vehículos privados

• Borja Sanjuan y María Pérez manifiestan la disposición de los socialistas para alcanzar una lograr una Zona de Bajas Emisiones “real y efectiva”
• Sanjuan reitera que es responsabilidad de Catalá y del concejal de Movilidad alcanzar un acuerdo

El portavoz del Grupo Municipal Socialista de València, Borja Sanjuan, y la concejala María Pérez han manifestado la disposición de sus formación a sentarse a dialogar con el equipo de gobierno del Partido Popular para lograr una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) “real y efectiva”. Sin embargo, han puesto como “condición innegociable” que dicha ordenanza “cumpla con la normativa europea y esté diseñada para reducir realmente la contaminación en la ciudad” así como que “se garantice que el Corredor Verde no permitirá la circulación de vehículos privados”.

En la rueda de prensa convocada para explicar la posición del grupo socialista, los concejales han explicado que la actual propuesta del PP es “la más laxa de toda España, con plazos excesivamente largos, escasa afectación a los vehículos más contaminantes y una batería de excepciones que desvirtúan completamente la utilidad de la medida”. “València no puede permitirse perder 115 millones de euros en financiación europea, pero tampoco puede permitirse mantener los niveles de contaminación actuales que amenazan la salud pública”, ha señalado María Pérez.

Así ha recordado que tanto la Generalitat como el Síndic de Comptes “han advertido de que la actual ordenanza es poco ambiciosa y que no se ajusta a los objetivos europeos”. Además, ha subrayado que estudios recientes de la Universitat Politècnica de València “muestran que más del 40% de los puntos de medición de calidad del aire en la ciudad superan los niveles actuales permitidos, y que prácticamente todos excederían los límites marcados por la nueva directiva europea ya aprobada”.

Por su parte, Borja Sanjuan ha puesto sobre la mesa “la necesidad de endurecer los plazos, limitar más tipos de etiquetas contaminantes —especialmente las B—, y reducir las excepciones a criterios objetivos como la renta, para que la ZBE no solo evite sanciones, sino que tenga un impacto real en la calidad del aire”. También ha criticado que barrios como San Isidro o el Marítimo, “excluidos en la propuesta actual, podrían convertirse en parkings para el resto de la ciudad si no se amplía el ámbito de aplicación”.

Finalmente, ha subrayado que esta negociación “debe cerrarse de forma inmediata, ya que los plazos legales para aplicar la ZBE vencen a finales de año”. “Si no se cumplen nuestras condiciones y no se garantiza que el Corredor Verde será completamente libre de tráfico, esta ciudad perderá financiación, perderá salud y perderá una oportunidad histórica para avanzar en sostenibilidad”, ha afirmado y ha recordado que “la responsabilidad de alcanzar un acuerdo es de quien gobierna”. “Si el concejal de Movilidad pierde más de 100 millones de euros tendrá que dimitir”, ha concluido.