La incapacidad de Catalá de aprobar la Zona de Bajas Emisiones pone en peligro 115
- Borja Sanjuan pide la dimisión del concejal de Movilidad si su “ego y el de Catalá” hace que la ciudad pierda las ayudas europeas después del portazo de Vox
- El Partido Socialista se ha ofrecido a negociar una nueva Zona de Bajas Emisiones para salvar la financiación, pero el PP de Catalá se ha negado en redondo
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha denunciado que la “incapacidad” del gobierno de María José Catalá está a punto de costarle a la ciudad más de 115 millones después de que el PP haya perdido la votación para aprobar una Zona de Bajas Emisiones de mínimos. Sanjuan se ha mostrado muy crítico con el gobierno de Catalá después de que Vox haya retirado su apoyo a la ordenanza de Bajas Emisiones y el PP se haya negado a aceptar una propuesta del Partido Socialista para evitar a la ciudad la pérdida de todas las subvenciones europeas para reducir la contaminación.
“El Ayuntamiento de València está a punto de perder 115 millones de euros por ser incapaz el Gobierno de María José Catalá de aprobar una Zona de Bajas Emisiones. Vox le ha retirado su apoyo y a pesar de que el Partido Socialista ha intentado negociar con el Gobierno una Zona de Bajas Emisiones que incluyera propuestas de verdad contra la contaminación, estos se han negado en redondo”, ha explicado el responsable socialista tras finalizar el pleno.
Sanjuan ha destacado que si esta situación se materializa y la ciudad pierde 115 millones por el “ego del concejal de Movilidad y de María José Catalá” que les ha impedido aceptar una propuesta de Zona de Bajas Emisiones Real, “el concejal de Movilidad debe dimitir con carácter inmediato”. “Si los valencianos y valencianas pierden ese dinero, la única salida que queda es que dimita el concejal de movilidad de inmediato”.
Ante la situación de bloqueo en la que se encontraba el gobierno del PP tras el rechazo de Vox a su ordenanza de ZBE, los socialistas han propuesto negociar una serie de condiciones para poder aprobar una Zona de Bajas Emisiones que afectaban tanto a los plazos de aplicación como a las etiquetas y al perímetro. Sin embargo, el PP se ha negado en redondo a negociar y tan solo ofrecía un cambio mínimo de la ordenanza que no contemplaba ninguna medida efectiva que mejorara la calidad del aire, que es el objetivo fundamental de este proyecto europeo.
El gobierno de Catalá tiene ahora apenas unos días para poder corregir esta situación, puesto que la ordenanza debe estar aprobada antes de que finalice el año y el plazo de exposición pública es de un mes más otros 15 días de información. Es decir, que apenas cuenta con una semana para evitar la pérdida de 115 millones de ayudas europeas que el Ayuntamiento tendrá que devolver si no cumple las exigencias europeas.