• El portavoz socialista destaca que de los 6.000 apartamentos que constan en el registro autonómico solo se está tramitando el alta de 1.800 porque el resto no cumplen con la normativa
• “El gobierno ha puesto en marcha una herramienta que permite acabar con la amnistía que dio el PP a los apartamentos que ni tan siquiera cumplían con la normativa urbanística”
• Sanjuan pide que Catalá abandone su normativa que permite 5.000 apartamentos más y empiece a multar después de que este año solo haya interpuesto 7 sanciones

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha exigido al gobierno de María José Catalá que siga los pasos del gobierno de España para restringir la actividad de los apartamentos turísticos y “actúe contra los 4.200 apartamentos ilegales que ha aflorado en la ciudad el registro único que puso en marcha el gobierno central el pasado 1 de julio”. Sanjuan se ha manifestado en estos términos después de que el gobierno de España haya dado herramientas como el registro único o la prohibición a las plataformas como Airbnb de que publiciten apartamentos que no cumplan todos los requisitos. “Catalá tiene todas las herramientas pero no las aplica. De hecho, en todo 2025 tan sólo ha interpuesto 7 sanciones contra apartamentos turísticos a pesar de que constan ya que hay más de 9.000 que son ilegales”, ha manifestado.

“Gracias al registro único que el Gobierno de España ha puesto en marcha para luchar contra los apartamentos ilegales, podemos saber que en la ciudad de València solo hay 800 apartamentos registrados y otros 1.000 en tramitación. Sin embargo, la Generalitat Valenciana mantiene en su registro más de 6.000 apartamentos turísticos. Lo que quiere decir es que se está avalando miles de apartamentos turísticos ilegales y, por eso, queremos exigirle al Gobierno de María José Catalá que le diga a la Generalitat que retire de manera inmediata todos los apartamentos turísticos ilegales que siguen constando en el Registro Público de la Generalitat Valenciana”, ha manifestado.

En este sentido, el responsable socialista ha incidido en que el registro único que ha puesto en marcha el gobierno central permite acabar con la “amnistía que el PP hizo a la carta para los miles de apartamentos que se habían registrado antes de 2018 a pesar de incumplir las normas urbanísticas”. Sanjuan ha explicado que, con su incorporación al registro único, todos los apartamentos tendrán que justificar que cumplen con todos los requisitos legales, incluido la normativa municipal, porque, de lo contrario, no se les permitirá su ingreso y no podrán operar legalmente.

Así, una vez puesto en marcha el registro estatal ya existe una estructura normativa para que los ayuntamientos y comunidades autónomas “puedan frenar la desorbitada proliferación de apartamentos turísticos que están encareciendo exponencialmente el precio de la vivienda y expulsando a nuestras vecinas y vecinos de la ciudad”, ha dicho. Por ello, ha exigido a Catalá que actúe, que abandone su propuesta que permite la incorporación de 5.000 apartamentos turísticos nuevos en la ciudad y que articule un cuerpo de inspección adecuada para poder perseguir a los apartamentos ilegales”.

“No puede ser que mientras los fondos y la especulación urbanística están tirando de los barrios a los vecinos y vecinas de València, haya una administración valenciana, la Generalitat de Carlos Mazón o el Ayuntamiento de València, que pretenden amnistiar apartamentos turísticos ilegales”, ha señalado.

El portavoz socialista ha recordado que la normativa que está impulsando Catalá no solo permite que se abran 5.000 apartamentos nuevos repartidos por todos los barrios sino que, además, el gobierno del PP y Vox tampoco están combatiendo la oferta ilegal. De hecho, ha expuesto que este año sólo se han impuesto siete multas a apartamentos ilegales, una cifra que contrasta con la que ofrece Barcelona, donde cada mes se detectan y se cierran 300 apartamentos.

Ante esta situación, Sanjuan ha reclamado a Catalá que active un cuerpo de inspectores como el de Barcelona, “que cuenta con 70 efectivos para rastrear la oferta ilegal y clausurarla, en lugar de quitar policías de las calles para vigilar apartamentos piratas. Lo que tiene que hacer es seguir el modelo de Barcelona, crear un cuerpo de inspección eficiente, sin coladeros legales, y, además, prohibir los apartamentos en viviendas”, ha finalizado.