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Catalá solo impone 7 sanciones en 4 meses pese a registrar 9.000 apartamentos turísticos ilegales

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha lamentado la “absoluta permisividad” de María José Catalá frente a la proliferación de apartamentos turísticos ilegales en la ciudad después de que su gobierno haya confirmado que en los últimos cuatro meses solo ha interpuesto 7 sanciones contra este tipo de alojamientos. Sanjuan ha desvelado esta mañana la respuesta ofrecida por el propio gobierno de Catalá donde se admite que desde febrero tan sólo se han tramitado en València siete multas con un importe de 10.000 euros, el importe mínimo establecido por la normativa autonómica.  

“En cuatro meses, Catalá ha puesto siete multas, lo que dejaría la escalofriante cifra de 21 sanciones al año en un municipio en el que hay 9.374 viviendas turísticas ilegales y con la multa mínima que, además, se ha reducido a la mitad por pronto pago, lo que quiere decir que la política de sanciones no va a desincentivar nunca esta actividad en València mientras el Partido Popular y Catalá sigan al mando de la apertura de los apartamentos ilegales”, ha manifestado en una rueda de prensa junto con la concejala Elisa Valía.

El responsable socialista, por contra, ha mostrado su satisfacción por la puesta en marcha del registro creado por el Gobierno de España para impedir que los apartamentos turísticos que no cumplan con todos los requisitos legales puedan anunciarse en las plataformas digitales como Airbnb, Booking y otras.

“Afortunadamente, no todo en esta vida depende de María José Catalá y del Partido Popular, lo cual abre la puerta que las cosas mejoren. Y ayer mismo entró en vigor el Registro Único de Viviendas Turísticas que ha puesto en marcha el Gobierno de España siguiendo con eh la normativa europea. Ese Registro Único exige que en todos aquellos anuncios que se puedan hacer en plataformas de comercialización, como por ejemplo Airbnb, se tenga que contar con la acreditación de que esos apartamentos cumplen con todas las normativas tanto autonómicas como locales”, ha dicho.

Sin anuncios del 88% de los apartamentos

De aplicarse correctamente este registro para que los apartamentos ilegales no se puedan anunciar, ha incidido Sanjuan, en la ciudad de València se tendrían que retirar el 88,12% de los apartamentos turísticos que hoy están ofertados en plataformas como Airbnb. “Es decir, que solamente hay 1.264 apartamentos turísticos que deberían poder seguir anunciándose en plataformas como Airbnb, Booking y el resto de apartamentos. Esto permitiría que 9.374 viviendas que hoy están siendo utilizadas como apartamentos ilegales en la ciudad de València pasaran otra vez a volver a ser viviendas y, por lo tanto, que dejaran de ser apartamentos turísticos”, ha continuado.

Sanjuan, no obstante, ha señalado que el Ayuntamiento sigue poniendo facilidades para que los apartamentos turísticos “invadan” los barrios. “El gobierno de Catalá quiere aprobar una nueva normativa para permitir que se abran más apartamentos legales en la ciudad. Justo cuando el gobierno de España ha puesto encima de la mesa una medida que impide comercializar apartamentos ilegales, Catalá ha decidido aumentar las posibilidades de abrir apartamentos legales en la ciudad. Porque, tal y como denunciamos, la normativa que está impulsando permitirá instalar 5.400 nuevos apartamentos legales. Por eso, ahora València tiene dos caminos, o hacer uso del registro, impedir que se legalicen nuevos apartamentos y reducir de un plumazo casi el 90% de la oferta y llevar, por tanto, más de 9.000 pisos al mercado del alquiler o si queremos seguir abriendo apartamentos y tener más de 6.000 apartamentos como pretende el PP”, ha continuado.

Por su parte, Elisa Valía ha reprochado que esta política de brazos caídos no va a desincentivar la proliferación de apartamentos turísticos ilegales. “Encuentran alicientes para seguir con la actividad ilegal porque saben que hay un gobierno que no les va a hacer nada y que pese a que tiene herramientas para sancionar más duramente a quien pone un piso turístico ilegal en alquiler, pues evidentemente no las utilizan”, ha dicho.

“Y esta es la situación en una ciudad donde ha crecido el precio medio de alquiler un 50%, donde la lista de demandantes al Ayuntamiento de València de personas que no pueden acceder a una vivienda en el mercado libre ha crecido un 50%, Catalá, lejos de hacer algo, lo que está haciendo es promocionar y favorecer a las personas que ponen su apartamento eh su vivienda vacía como apartamento turístico”, ha finalizado.