“Catalá embarra el terreno de juego jurídico para justificar que le va a quitar sus VPP a 39 familias

• Sanjuan denuncia que los argumentos aportados por el informe municipal contradicen, por ejemplo, los que utiliza el propio Ayuntamiento para ordenar el cierre de apartamentos turísticos
• “Independientemente de la consideración jurídica, hay una cosa que no está en duda: que si Catalá no impulsara ese pelotazo, las 39 familias tendrían su vivienda de protección”

(València 24/3/2026) El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha lamentado que el gobierno de Catalá siga empeñado en impulsar una permuta para quitarles las Viviendas de Protección Pública que tenían reservadas 39 familias valencianas. Sanjuan se ha manifestado en estos términos tras conocer el informe de la Abogacía en el que se justifica la decisión de seguir adelante con esta permuta con argumentos que contradicen a los que utiliza el propio Ayuntamiento para, por ejemplo, cerrar apartamentos turísticos.

“Lo que está haciendo en este caso el Gobierno de María José Catalá con la asistencia de la asesoría jurídica es tratar de embarrar el terreno de juego jurídico para continuar adelante con un pelotazo del que solamente gana una constructora con vínculos, además, con altos cargos de la Generalitat Valenciana para quitarle las 39 viviendas a esas familias”, ha manifestado tras analizar el documento.

Para el responsable socialista, “independientemente de la consideración jurídica que se le dé al derecho que tenían adquirido estas 39 familias, hay una cosa que no está en duda y es que si el gobierno de María José Catalá no hubiera impulsado esa permuta, las 39 familias ahora mismo tendrían su vivienda de protección oficial y que para dar un pelotazo urbanístico, ya sea legal o ilegal la actuación, el gobierno de María José Catalá le ha quitado a 39 familias valencianas las casas a las que tenían derecho”.

Sobre las contradicciones en las que incurre el informe de la Abogacía, Sanjuan sostiene que son las mismas que defiende la Concejalía de Patrimonio, y redundan en sostener que la comercialización solamente se da cuando hay un contrato de compraventa. “Esto, por ejemplo, es contrario al propio criterio que tiene el Ayuntamiento de València para ordenar cierres de apartamentos turísticos, donde se considera que la comercialización es simplemente la oferta en una plataforma online. Por lo tanto, es innegable que esas 39 familias tenían un derecho constituido sobre esas viviendas”, ha remarcado.