• El portavoz socialista, Borja Sanjuan, desvela que el Ayuntamiento reconoció los derechos adquiridos de las familias con las VPP un año antes de adjudicar la permuta
• Sanjuan exige el cese de los concejales de Urbanismo y de Patrimonio, los impulsores de la moción de esta permuta  
• “El Ayuntamiento nunca debería haber adjudicado esta permuta que deja a 39 familias sin sus viviendas salvo que se cometiera una ilegalidad”

(València 23/2/2026) El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha denunciado que el gobierno de María José Catalá conocía que la promotora a la que adjudicó la permuta de suelo público para 250 VPP y 1,7 millones de euros a cambio de un edificio construido de 39 viviendas ya las había comercializado. Es decir, que el gobierno del PP dio su aprobación a la permuta en junta de gobierno a pesar de que era conocedor de que la promotora incumplía uno de los requisitos para poder resultar adjudicataria.

Así consta en la documentación a la que ha tenido acceso el Grupo Municipal Socialista, donde queda demostrado que varias de las familias a las que Domio anuló la prerreserva de su VPP notificaron al Ayuntamiento esta situación un año antes de que se adjudicara definitivamente la permuta.   

“Hace unos días ya anunciamos que la empresa había mentido en su declaración responsable para obtener un pelotazo de las VPP y nos preguntábamos si el Ayuntamiento era consciente de esta situación. Hoy ya estamos en disposición de acreditar que el PP efectivamente conocía esta ilegalidad antes de autorizar la permuta porque los afectados ya habían notificado su condición de afectados y el Ayuntamiento les había reconocido como tal. Al darles acceso al expediente, les reconoció explícitamente sus derechos adquiridos sobre las viviendas ya en julio de 2024, cuando aportaron sus contratos”, ha indicado el responsable socialista.

Sanjuan ha incidido en que este reconocimiento no solo implica que existía el derecho a adquirir esa vivienda porque habían firmado una prerreserva sino que “el Ayuntamiento nunca podría haber adjudicado la permuta salvo que se cometiera una ilegalidad. Y, de hecho, los técnicos ya advirtieron en un informe en julio de 2025 que se entendían como viviendas comercializadas cuando existiese un derecho constituido, que es justamente lo que reconoció el Ayuntamiento cuando les dio acceso al expediente en julio de 2024”, ha continuado.

A pesar de todo, ha continuado el portavoz socialista, el 17 octubre de 2025, un año y tres meses después de reconocerles sus derechos adquiridos, el Ayuntamiento adjudicó la permuta “dando por buena una declaración responsable que nunca se debió haber otorgado. Ahora la pregunta ya no es si el Ayuntamiento sabía lo que estaba pasando sino qué interés tenía el Ayuntamiento en permitir que se cometiera un delito a costa de tirar a 39 familias de las viviendas protegidas que ya habían prerreservado”, ha dicho.

“Es un hecho de extrema gravedad. No solo han modificado las normas sino que están dispuestos a cometer delitos a cambio de que mucha gente se lleve mucho dinero y Catalá debe cesar inmediatamente al responsable de Urbanismo y al de Patrimonio, que son los que firman la moción impulsora de la permuta. La promotora ha cometido un posible delito de falsedad documental pero el Ayuntamiento, al adjudicar, tenía que haber excluido a esta empresa porque sabía que no reunía todos los requisitos. La empresa ha mentido, pero lo que hablamos ahora es de la posible prevaricación de los concejales que conocían estos hechos”, ha subrayado. Sanjuan, finalmente, al ser preguntado por si existe una relación entre la promotora y el Partido Popular, ha instado a trasladar esa pregunta al Partido Popular.