• Elisa Valía critica las medidas fake que ha anunciado Catalá, que no afronta el problema de acceso a la vivienda y que expulsa a centenares de aspirantes de VPP de la lista
• “Exige siete años de empadronamiento para poder pedir una vivienda pública, un requisito que no cumple ni ella misma”
• La concejala insta a Catalá a dejar de inventarse “soluciones falsas y de pensar solo en el negocio de los promotores” y que aplique de una vez la Ley de Vivienda del gobierno

(València 26/1/2026) La concejala socialista Elisa Valía ha lamentado que María José Catalá siga lanzando “medidas vacías, sin ningún impacto real, y cortinas de humo en lugar de afrontar el enorme problema de acceso a la vivienda que está generando su gobierno desde que se puso al frente del Ayuntamiento de València”. La edil socialista ha exigido a Catalá que se deje de “maniobras de distracción, de iniciativas estériles y de favorecer la especulación inmobiliaria y el negocio de las promotoras y aplique de una vez por todas la Ley de Vivienda que aprobó el gobierno central y que permite, entre otras muchas cosas, controlar los precios del alquiler. No puede ser que València sea una de las ciudades españolas donde más se estén disparando los precios de la vivienda desde que Catalá llegó al Ayuntamiento sin que su alcaldesa haga absolutamente nada”, ha indicado.

“Hemos asistido a un nuevo intento de María José Catalá por esconder su falta de voluntad por aportar soluciones con el anuncio de un plan fake, un plan que lo único que planifica es cómo va ella a sacudirse el problema sin asumir su responsabilidad. Además de incluir nuevos requisitos como siete años de empadronamiento, algo que no cumple ni la propia alcaldesa, que se empadronó en València días antes de presentarse como candidata, Catalá pretende partir viviendas en dos con acceso independiente, algo que solo se le puede ocurrir a una persona que asuma que las viviendas en general son suficientemente grandes como para sacar dos viviendas de una y que todas tienen puerta de servicio. En realidad, lo único que pretende con esta medida es que los propietarios de viviendas de lujo puedan hacer negocio dividiendo su piso en dos y vendiéndolos por separado para conseguir más dinero”, ha manifestado.

Para la concejala socialista, el único plan que tiene en la cabeza Catalá es reducir de la manera que sea la lista de demandantes de vivienda del Ayuntamiento que se ha multiplicado desde que llegó al Ayuntamiento y expulsar tanto a estudiantes como a las personas migrantes. En este sentido, ha criticado el nuevo requisito de certificar siete años de empadronamiento para poder aspirar a una vivienda pública. Una maniobra, ha denunciado, que “lo único que pretende es expulsar de la lista de demandantes a la mayor cantidad posible de gente y maquillar así las indecentes cifras que maneja el gobierno del PP y Vox. Porque las únicas viviendas que está construyendo este Ayuntamiento son las que dejó en marcha el anterior gobierno progresista, por mucho que Catalá se las quiera atribuir, y en dos años y medio, tal y como certifica la web de AUMSA, apenas se han adjudicado 17 viviendas”. 

Más negocio para los promotores

Elisa Valía, además, ha señalado el nuevo intento de Catalá “de hacer pasar el negocio de los promotores como una medida para favorecer al acceso a la vivienda. Anuncia acuerdos con los promotores para que cedan viviendas para reducir la lista de espera y después dice que para poder ejecutarlo confía en su magnanimidad. Es una vergüenza que una responsable municipal crea que las políticas de vivienda de un Ayuntamiento deban depender de la caridad de quienes hacen negocio con ella y refleja perfectamente cuál es la actitud de Catalá con respecto al problema de la vivienda que sufre València”, ha continuado.

En este sentido, ha denunciado este supuesto convenio para que las VPP de los constructores privados se destinen para reducir la lista de demandantes de vivienda. “Como ella no piensa construir ni comprar vivienda pública y la lista de demandantes se ha duplicado desde que ella es alcaldesa, se le ha ocurrido enviar a las personas que no pueden pagar su vivienda a los brazos de los promotores privados para recortar la lista de espera, como si maquillando las cifras fuese a desaparecer el problema. Lo que no dice es que la misma vivienda protegida cuesta 540 euros si es del ayuntamiento y 1.000 euros si es de un promotor privado. Esa es la vivienda protegida que el Partido Popular quiere fomentar, la de los 1.000 euros al mes”.

Así, ha reprochado que Catalá siga “ordenando el negocio inmobiliario y haciéndolo rentable y borrándose de ser parte de la solución al problema de vivienda que afrontan miles de familias valencianas, cegada, además, por el dogmatismo que le impide aplicar la ley de vivienda que realmente podría reducir de forma efectiva los precios de la vivienda en València”, ha finalizado.