Los socialistas denuncian al Síndic por la falta de transparencia en los procesos de contratación de Catalá
Valía revela que Marí Olano se ha negado a responder cuáles son las empresas con las que mantiene vinculación y que esa negativa vulnera derechos fundamentales de la oposición y la ciudadanía
La concejala del Grupo Municipal Socialista Elisa Valía ha informado de que su formación ha puesto en conocimiento de la Sindicatura de Greuges la falta de transparencia en los procesos de contratación de María José Catalá después de que trascendiera que el concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, se ha tenido que abstener por tener vinculación con las empresas que concurren a las licitaciones del Ayuntamiento.
“Ahora se ha negado a responder a una pregunta que hemos hecho desde el Partido Socialista para saber cuáles son esas empresas porque tenemos derecho y obligación de fiscalizar al gobierno de María José Catalá”, ha revelado Elisa Valía quien ha recordado“la opacidad sobre todo lo que rodea a este concejal”, en referencia a la polémica suscitada por su relación con una consultoría de la que finalmente tuvo que desvincularse.
La edil socialista ha manifestado que con la negativa a responder, “se está vulnerando el derecho fundamental como concejala a fiscalizar y ejercer mi labor de control para que la ciudadanía sepa en qué lado de la mesa se sienta el Gobierno de María José Catalá y, en este caso, Marí Olano cuando se trata de empresas contratistas”.
José Marí Olano se ha negado a proporcionar información solicitada, amparándose en el supuesto secreto profesional recogido en los artículos 21 y 22 del Estatuto General de la Abogacía Española, pero Valía ha explicado que esta negativa “choca frontalmente con el derecho a participar en los asuntos públicos, acceder a la información y fiscalizar la acción del gobierno municipal, tal y como recoge el artículo 23 de la Constitución”. «Estamos ante una confrontación de derechos, pero no todos tienen el mismo peso ni la misma protección jurídica», ha explicado la concejala quien ha reivindicado que “el derecho que ejercemos como concejales de la oposición es un derecho fundamental y debe prevalecer frente al argumento del secreto profesional esgrimido por el señor Olano”. En esta línea, ha argumentado también que “ostenta el cargo público de concejal y que, aunque tenga reconocida compatibilidad, su responsabilidad institucional y sus deberes deben estar por encima de cualquier otro interés”.