Borja Sanjuan denuncia que es directamente un área del PP la que está ejecutando “la medida más indigna del Ayuntamiento en su historia democrática”

Ibáñez denuncia que la atención a personas sin hogar se ha disparado de 184 a 341 mientras el gobierno de Catalá sigue desmantelando los recursos con el cierre de varios centros

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha acusado de “racismo institucional” al gobierno de María José Catalá después de que el Síndic de Greuges haya abierto una investigación tras la denuncia de los socialistas sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales en los centros de acogida municipales por separar a menores migrantes de sus padres. “Hace unos meses, nos escandalizamos con unas prácticas migratorias de EEUU bajo la administración Trump, pero la realidad es que la ciudad de València está haciendo exactamente lo mismo: el Ayuntamiento de Catalá está mandando a personas a dormir a la calle, separándolas de sus hijos y de sus hijas y contradiciendo cualquier tipo de respeto a los derechos humanos e incluso a los derechos de la infancia”, ha manifestado Sanjuan en una comparecencia junto a Maite Ibáñez.

Ante esta situación, ha explicado el responsable socialista, el Síndic ha exigido al Ayuntamiento de Catalá que emita un informe en el plazo de un mes “para justificar por qué se están vulnerando los derechos de menores y de familias vulnerables que vienen a esta ciudad sin ningún tipo de recurso y a los que está separando de manera cruel. Probablemente, esta sea la práctica más indigna que ha llevado adelante el Ayuntamiento de València en su historia democrática y no hay ningún valenciano o valenciana que se vea representado en separar a padres, madres e hijos cuando no tienen nada y vienen a esta ciudad pidiendo solamente un futuro mejor”, ha afirmado.

El portavoz socialista ha recordado que estas prácticas que investiga el Síndic no son una respuesta a exigencias de Vox sino que es una decisión exclusiva del PP de Catalá. “Es una política consciente y dirigida por el Partido Popular, que es el responsable del área de atención a las personas migrantes. El PP está cerrando centros, está reduciendo plazas de atención, está mandando a gente a dormir a la calle aunque tiene recursos para atenderles y lo está haciendo, simplemente, por una actitud inhumana y racista”, ha incidido.

Sanjuan ha contrapuesto la política del anterior gobierno progresista, que invirtió millones de euros para poder atender a los refugiados por la invasión rusa de Ucrania, con el desmantelamiento de los recursos de atención del gobierno de Catalá. “Recortan plazas y recursos para después alegar que no tienen plazas suficientes para atender las necesidades”, ha dicho.

Por su parte, Maite Ibáñez ha calificado las políticas de Catalá en materia de inmigración de “crueldad” y ha detallado que los socialistas han denunciado dos casos concretos de separación de menores de sus padres en centros municipales, aunque ha subrayado sus sospechas de que esta práctica puedan ser generalizadas.

“Hemos detectado dos casos desde octubre en el Torreón de Rocafort. Casos que la propia adjudicataria del centro reprueba y que forman parte de instrucciones que se han trasladado desde el servicio municipal. “Es cruel y no responde a ninguna respuesta de atención social separar a los padres de sus familias y lo que se está escondiendo es el desmantelamiento de los recursos municipales desde que llegó Catalá al Ayuntamiento”, ha criticado.

Ibáñez ha recordado que las listas de espera tanto del CAI como del CAST se han disparado desde 2023 igual que el número de atención a personas sin hogar, que ha pasado de 184 a 341. Al mismo tiempo, ha denunciado, el Ayuntamiento cerraba el Casal d’Esplai de Rocafort con 48 plazas, renunciaba al recurso del Torreón con otras 20 plazas, cierra el centro del Carmen y pone en riesgo las instalaciones de Benimàmet porque ninguna entidad quiere atender las condiciones impuestas.  

Finalmente, ha incidido en que el Síndic también está investigando las trabas del gobierno de Catalá a la oposición para poder fiscalizar este tipo de prácticas inhumanas en los centros municipales.