Sanjuan recuerda que el precio del alquiler también ha subido un 27% mientras Catalá solo piensa en los especuladores

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Borja Sanjuan, ha denunciado hoy que la ejecución del presupuesto en materia de vivienda no llega ni al 5 por ciento, según los datos publicados a 30 de noviembre de 2024. Así, ha lamentado que María José Catalá esté “de brazos cruzados, mientras el precio de venta de la vivienda se dispara un 30 por ciento y el del alquiler un 27 por ciento”.

En estos términos se ha pronunciado tras hacerse público el informe de una inmobiliaria que señala que la Comunitat Valenciana lidera el incremento de precio de los pisos de segunda mano en España y que València se encuentra entre los municipios valencianos que han registrado subidas por encima del 20 por ciento.

“Hoy se ha dado a conocer que el incremento del precio de la vivienda en València es de casi un 30% en un solo año, eso quiere decir que cada tres años, si seguimos a este ritmo, se van a doblar los precios de cada una de las viviendas que hay en la ciudad”, ha advertido el edil quien ha denunciado que “mientras tanto, María José Catalá solo ha ejecutado menos del 5% del presupuesto en vivienda”.

Para Sanjuan, “los datos demuestran que el Ayuntamiento está haciendo una política que favorece a los especuladores y que permite que se esté vendiendo la ciudad a trozos”. Por eso ha exigido a María José Catalá que “ponga freno a la especulación que se está produciendo con la vivienda en nuestra ciudad y que apruebe medidas contra los especuladores, en lugar de medidas para favorecerlos porque de lo contrario muchas personas que viven hoy en Valencia dentro de 3, 4 o 5 años ya no serán vecinos y vecinas nuestros”.

El portavoz socialista ha recordado que su formación presentó una moción en octubre con una batería de propuestas para que el gobierno municipal “empezara a tomar medidas ante la crisis de acceso a la vivienda que está atravesando la ciudad ante la inactividad del Ayuntamiento de València”. Entre las medidas que Catalá rechazó figuraban «la aplicación de la Ley de Vivienda y la declaración de zona tensionada, la modificación del Plan General para prohibir completamente que las viviendas y bajos comerciales puedan utilizarse como alojamientos turísticos, prohibir la compra especulativa o exigir al presidente Carlos Mazón que la Vivienda de Protección Pública lo sea para siempre y no se pueda privatizar».