• Maite Ibáñez desvela que el Ayuntamiento ha fijado un plazo máximo de atención a las personas vulnerables de 14 días
• “Es una barbaridad que está provocando la multiplicación de los asentamientos por la ciudad y un sobreesfuerzo de las ONG”

La concejala socialista en el Ayuntamiento de València, Maite Ibáñez, ha denunciado el “desmantelamiento” de las políticas de cooperación e inmigración que ha completado María José Catalá en tan sólo seis meses. “Primero suprimió la Concejalía de Cooperación y Migración. Después llegó la eliminación de los consejos de cooperación e inmigración donde se daba voz a todas las ONG, entidades, asociaciones y universidades. Continuó con los presupuestos de 2024, donde borró todas las subvenciones que recibían las entidades y ONG. Y ahora el mazazo definitivo lo ha dado en intervención, donde ha fijado un máximo de 14 días para albergar a personas vulnerables prorrogables otros 14, un plazo insuficiente para dar una atención específica a personas que llegan de otros países. Es una barbaridad”, ha manifestado Ibáñez.

La edil socialista ha incidido en que el establecimiento de este plazo “absolutamente insuficiente para que las personas que lleguen a la ciudad puedan establecer una red vital y encontrar trabajo” está derivando en un incremento de los asentamientos en toda la ciudad y que las ONG de València hayan multiplicado su actividad para cubrir la “falta de atención del consistorio desde que Catalá se puso al frente del Ayuntamiento. Una de las entidades que reparte alimentos en el río nos ha confirmado que ha llegado a repartir hasta 700 raciones en un solo día porque cada vez hay más gente que se ve obligada a volver a la calle ante la falta de atención de este Ayuntamiento”.

“¿Qué tipo de intervención se puede prestar cuando el Ayuntamiento recorta la estancia en centros municipales a 14 días prorrogables otros 14 días para las familias migrantes? Es absolutamente insuficiente para que los técnicos municipales puedan atender una emergencia social. Por ejemplo, la Cruz Roja tiene establecido un periodo de 90 días que se pueden ampliar hasta los 180 para después derivar a las personas vulnerables a otros recursos del Estado”, ha subrayado.

Ibáñez ha criticado, además, que la nueva corporación ha establecido una atención estándar que no discrimina la situación de las personas atendidas: “Se equipara a una familia que llega desde, por ejemplo, Marruecos, con otra de Ucrania o con una familia que acaba de sufrir un desahucio cuando son situaciones completamente diferentes. No se puede prestar la misma atención de manera uniforme porque hay características especiales en cada caso”, ha continuado.

La concejala socialista ha criticado que el PP y María José Catalá hayan confirmado su intención de volver “a las políticas de inmigración y cooperación de hace 20 años. Parece que no son conscientes de que València ya no es la misma ciudad y que no se puede regresar a un modelo tristemente recordado por el Caso Cooperación, donde cargos del PP, con Rafael Blasco a la cabeza, desviaron millones de euros que debían destinarse a programas de cooperación a sus bolsillos. Precisamente, por sus antiguas políticas se crearon los consejos de cooperación y migración, para trabajar con las entidades y las ONG y no volver a un modelo de corrupción y desmantelamiento de los servicios de atención”, ha añadido.

Finalmente, ha puesto en valor el trabajo realizado por la Concejalía de Cooperación y Migración durante la legislatura pasada, desde donde se respondió a la crisis humanitaria de la Guerra de Ucrania. “Estuvimos atendiendo a pie de calle a todas las personas que llegaban huyendo de la guerra, esperándolos en la estación y facilitándoles todos los recursos necesarios. Pudimos articular una respuesta adecuada a las más de 3.000 personas que llegaron en apenas unas semanas porque teníamos una Concejalía de Cooperación y Migración fuerte que ahora Catalá está desmantelando. ¿Qué pasaría si estallase ahora la Guerra de Ucrania?”, ha finalizado.